ABC TLAXCALA - LÍDER DE NOTICIAS EN EL ESTADO

“Sin resolución definitiva” observaciones de la ASF, ante opacidad en los procedimientos ejecutados por la dependencia.

En 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó a la Secretaría de la Función Pública del Estado (SFPE) fincar responsabilidades administrativas sancionatorias a los servidores públicos involucrados en la compra irregular de la aeronave 407 Bell Helicopter, adquirida en 2008 para el supuesto combate a la inseguridad.

Las acciones promovidas, a partir de las observaciones derivadas de la auditoría 08-B-29000-02-0731-08-006, permanecen “sin resolución definitiva”, debido a que el gobierno estatal no remitió la solventación correspondiente, de acuerdo con un informe del órgano fiscalizador al que ABC Tlaxcala tuvo acceso, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La revisión de la ASF arrojó que el gobierno estatal aplicó 14 millones 639 mil 200 pesos, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), a la compra de la nave 407 Bell Helicopter, modelo 2008, número de serie 53855, Attach Specifications, al proveedor Jethell Executive Services LTD.

Esta acción trató de justificarse bajo el proyecto “Equipamiento de Personal: Policía Preventiva Estatal de la Acción Transporte Aéreo”, y el Programa de Equipamiento de Personal e Instalaciones de Seguridad Pública; sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) declaró improcedente la adquisición, tras estimar que este no era un bien relacionado con el equipamiento del personal preventivo, ministerial o de custodia, sin contar el costo-beneficio que representaba su mantenimiento y operación.

En la revisión del expediente técnico de adquisiciones, se encontró que el proceso de adjudicación para la obtención del helicóptero se realizó en forma directa, sin presentar evidencia documental que compruebe los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que sustenten las razones para la selección del procedimiento que llevó a cabo el Gobierno del Estado.

Además, se descubrió que esta unidad, adquirida para fortalecer las labores de seguridad pública, era utilizada para diversos traslados de funcionarios del Poder Ejecutivo, sin contar que fue pagada a un costo 31% mayor al previsto, pues la fluctuación del precio del dólar elevó su costo de 34.24 a 44.88 millones de pesos, al retrasarse un mes la liquidación de la nave.

Es así como los recursos del FASP representaron 33 por ciento del importe de la aeronave equipada, valuada inicialmente en 3.3 millones de dólares a un tipo de cambio de 10.37 pesos.

Ante tal circunstancia, la ASF ordenó a la pasada administración iniciar, a través de la SFPE, las investigaciones y los procedimientos para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias “derivadas de los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, procedieron deficientemente en la contratación y la adjudicación fuera de la norma”, ya que no obtuvieron la autorización del SESNSP, y permitieron el uso del helicóptero para funciones ajenas a la lucha contra la inseguridad.

En tal sentido, la SFPE debió proporcionar al órgano fiscalizador la respuesta correspondiente; no obstante, el procedimiento y sus resultados se mantuvieron en total opacidad.

Según el contrato de compraventa DGA/DC/3216/2008, de fecha 3 de septiembre de 2008, la transacción fue signada, en representación del Poder Ejecutivo, por Benjamín Ávila Márquez, en su calidad de Contralor del Ejecutivo estatal; Raúl Cuevas Sánchez, entonces Secretario Ejecutivo del Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Pública (CCESP); Jorge Eduardo Gutiérrez Olmedo, quien fungía como Director Administrativo del CCESP; y Carlos Lima Gutiérrez, responsable de la Dirección General de Adquisiciones.

Los recursos empleados en la compra del helicóptero Bell 407 equivalen, por ejemplo, a 80 por ciento del gasto aplicado a la atención del medio ambiente durante el ejercicio fiscal 2008.