Atoyac
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Un estudio realizado por expertos de la UNAM, la UAM y del Instituto Nacional de Pediatría, concluyó que la presencia de desechos industriales en las aguas del río Atoyac ha provocado una alta incidencia de cáncer en comunidades aledañas de Tlaxcala y Puebla.


La contaminación hídrica generada por las industrias del Corredor Industrial Quetzalcóatl, en San Martín Texmelucan, que incluye textileras, metalúrgicas e industrias metal-mecánicas, aunada a las descargas irregulares de lavanderías clandestinas de mezclilla en Tepetitla, han dado como resultado una "catástrofe ambiental" que las autoridades de los tres niveles de gobierno poco hacen para resarcir.
La investigación publicada en la edición de septiembre de la revista Mutagénesis de la Universidad de Oxford, Inglaterra, revela que en al menos siete comunidades ubicadas en la zona influencia del Atoyac, entre los límites de Puebla y Tlaxcala, habitan personas que presentan modificaciones celulares que amplían la posibilidad de que desarrollen enfermedades tales como asma, leucemia y cáncer.
Lo anterior, debido a la exposición permanente de olores y vapores de sustancias tóxicas que llegan al río y que, por sus características químicas, permanecen en el ambiente por periodos prolongados de tiempo.
En este contexto, resultan desafortunadas las declaraciones del gobierno estatal, en las que afirma que “analizará los resultados” de este estudio con el objetivo de deslindar responsabilidades, tras aclarar que el afluente del Atoyac no es incumbencia de Tlaxcala.
Y resultan desafortunadas, pues subordinan el derecho a la salud de las personas a la necesidad de repartir culpas para salir expiado, cuando resulta evidente su grado de responsabilidad institucional.
Además, soslayan que el Atoyac es contaminado por 50 municipios de Tlaxcala y Puebla que descargan sus aguas residuales al aire libre, y por al menos mil industrias que no tratan, o tratan inadecuadamente, sus aguas residuales.
Al final, la contaminación del río Zahuapan-Atoyac es abordada bajo la percepción de una problemática añeja y de lejana solución, bajo la cual se ampara la negligencia de los gobiernos federal, estatal y municipal, misma que se afianza en intereses económicos y políticos.
Hace más de cuatro años, el Centro Fray Julián Garcés hizo públicas las primeras evidencias de afectaciones a la salud de la población asentada en las inmediaciones del río, destacando los daños genotóxicos provocados por la exposición a sustancias químicas concentradas en el ambiente.
En marzo del 2006, denunció públicamente esta situación ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, que emitió un dictamen a favor de las comunidades agraviadas, estableciendo que era una responsabilidad de los estados de Tlaxcala y Puebla darle solución.
Y ante la presión social generada, los mandatarios Héctor Ortiz y Mario Marín signaron un convenio para sanear el afluente. De hecho, Tlaxcala pagó más de 6 millones de pesos al IPN para elaborar un diagnóstico integral, con el fin de presentarlo y gestionar, junto con Puebla, recursos del BID para emprender el proceso de recuperación de las aguas.
Empero, esta última acción no abonó mucho al logro del propósito inicial, ya que el trabajo no cumplió los requerimientos para lograr el financiamiento anhelado, además de que su integración se efectuó en total sigilo, tal y como se mantienen sus resultados, avivando rumores y sospechas diversas.
Es de notar, además, que instituciones como la Coordinación General de Ecología (CGE), la Secretaría de Obras (SECODUVI) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), autorizaron y procedieron a realizar varias plantas de tratamiento sin atender los resultados del diagnóstico, lo cual es cuestionable en términos de utilidad y congruencia, y evidencia que, durante años, ha resultado más “práctico” administrar el problema.
A estas alturas, a pesar del incuestionable deterioro ambiental que sufre la cuenca, las autoridades tlaxcaltecas y poblanas se resisten a encontrar un nexo causal directo entre la contaminación y los daños a la salud de las personas. Y mientras distraen su atención en debates superficiales para encontrar culpables, evaden el deber de instrumentar políticas públicas de largo aliento encaminadas a contener y prevenir esta grave situación.
De modo que su plan de saneamiento ambiental, que basa sus resultados en millonarias inversiones, está lejos de resolver el problema, pues desestima la participación activa de la ciudadanía y la corresponsabilidad de los empresarios.
Lamentablemente, tendremos que esperar respuestas más contundentes y realistas de los próximos gobiernos, pues los que culminan, simplemente, ignoraron el problema.