Diagnóstico previo
ABC TLAXCALA Principal


Diagnóstico previo

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En la actualidad, uno de los principales desafíos de los gobernantes en turno es saber interpretar con certeza el sentir de los distintos sectores sociales para atender oportuna y efectivamente sus demandas y necesidades. En Tlaxcala, los últimos tres mandatarios demostraron en los hechos la valía de ello.


Al frente del Ejecutivo estatal, han estado el PRI, el PRD y el PAN, como muestra del duro nivel de competencia política que caracteriza a la tierra de Xicohténcatl.


Ahora, con Mariano González Zarur, el tricolor regresa a Palacio de Gobierno con un factor inexistente en las últimas transiciones: un alto margen de votación, derivado de una alianza con la ciudadanía en vez de las cúpulas de otras fuerzas políticas.


Este agente, resultará indispensable para superar uno de los principales obstáculos que emprende la actual administración: el deterioro del tejido social, fruto de diez años de gobiernos divididos.


Al cumplirse los primeros 100 días de su gobierno, González Zarur ha emprendido ajustes que, inevitablemente, han generado reacciones en algunos sectores acostumbrados a jugar las reglas de un pasado pelado con la competitividad, por lo que deberá aprovechar su posición privilegiada en la pirámide del poder, desde este año, para sentar las bases de un proyecto político a largo plazo.


De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), al cierre del año pasado, Tlaxcala ocupó el sitio 22 en el ranking de independencia financiera. Desde 1992, el estado ha visto menguada su autonomía presupuestal, ya que gran parte de sus ingresos depende de fuentes federales.


Durante el sexenio del priista José Antonio Álvarez Lima (1992-1998), la entidad ocupó el lugar 21; con el perredista Alfonso Sánchez Anaya (1998-2004), descendió a la posición 23; mientras que con el panista Héctor Ortiz Ortiz (2004-2010), Tlaxcala se desplomó al sitio 29.


Bajo esta tesitura, el reto de la administración marianista se centra en la necesidad de mejorar las finanzas públicas, así como el bolsillo de los tlaxcaltecas. Sus esfuerzos preeliminares por “poner la casa en orden” invariablemente van en esa dirección.


Entre 1992 y 2008, el estado contó con 3.7 veces más recursos para funcionar, lo que significa que el ingreso de Tlaxcala creció de manera progresiva en las últimas tres gubernaturas, lo que  consecuentemente se tradujo en una mayor disponibilidad de recursos para el gasto público. Se estima que el crecimiento del ingreso estatal, durante dicho periodo, fue del 269%, en virtud del aumento en las transferencias federales que obtuvo la entidad.


No obstante, lo anterior no se tradujo en importantes beneficios sociales, ya que se privilegió el gasto corriente (salarios) sobre el gasto de inversión (obras).
Con Álvarez Lima, el gasto corriente por habitante, fue de 3 mil 119 pesos en promedio, contra 408 pesos de gasto de inversión. En las administraciones siguientes, la diferencia se acentuó más: 6 mil 806 pesos contra 645 pesos durante la gestión de Sánchez Anaya, y 9 mil 027 pesos contra 974 pesos, en el periodo de Ortiz Ortiz.


Esto advierte que, por cada 5 mil 787 pesos que se destinaron al funcionamiento de las instituciones, apenas se invirtieron 650 pesos para crear infraestructura.


Marco Cancino, experto del CIDAC en finanzas públicas, advierte que, de 1992 a 2008, el gasto corriente aumentó, prácticamente, cuatro veces por habitante (290%). En contraste, el gasto en inversión se duplicó desde 1992 (77%). De forma general, el gasto en inversión como proporción del gasto total, se contrajo 48% en los 17 años estudiados.


Como coordinador de los esfuerzos de los tlaxcaltecas, a Mariano González tocará la difícil tarea de gastar adecuadamente los recursos públicos, en función de la interpretación que haga del sentir ciudadano. Y en esta labor deberá considerar todos los escenarios para evitar sorpresas que atenten contra sus más legítimos propósitos.


Por lo general, los subsidios y las transferencias son recursos que pueden destinarse para premiar o castigar clientelas políticas, dice Cancino, pero por otro lado, el aumento de servicios personales puede usarse para buscar lealtad política dentro de los funcionarios públicos. En cambio, el gasto en obra pública puede carecer de calidad y ser igualmente utilizada con fines político-electorales; no  obstante, es más difícil excluir a opositores  de su uso. Y los efectos de tales advertencias quedaron perfectamente ilustrados durante el último tramo de la administración orticista.


Durante el periodo de estudio, el CIDAC encontró que las transferencias federales, la principal fuente de ingresos para Tlaxcala, crecieron 3.8 veces, pasando de 3 mil 050 pesos por habitante en 1992, a 11 mil 624 pesos en el 2008, siendo el aumento no condicionado de éstas las que hicieron a la entidad cada vez más dependiente de la Federación, y más vulnerable a sus variaciones, desincentivando la generación de ingresos propios.


En pocas palabras, el cambio que requiere Tlaxcala tendrá que centrarse en la orientación de sus recursos presupuestales, lo que exigirá de un verdadero estadista en los próximos seis años.